El año continuó con el derribo de un búnker de drogas

El operativo se realizó en la zona norte de la ciudad tras una investigación por narcomenudeo. Hubo allanamientos simultáneos, imputados y vínculos con una organización criminal. El Gobierno de Santa Fe derribó este viernes un búnker de drogas en Rosario, ubicado en Hipólito Yrigoyen al 1300, en el marco de una causa por comercio de estupefacientes. La intervención se concretó tras una investigación judicial que incluyó 20 allanamientos, dejó nueve personas imputadas —una de ellas detenida en la cárcel de Piñero— y un prófugo. El procedimiento se realizó bajo la Ley de Microtráfico y marcó el punto de venta desactivado número 101 en la provincia.

La inactivación del inmueble fue coordinada por el Ministerio de Justicia y Seguridad junto al Ministerio Público de la Acusación (MPA), la Justicia provincial y la Policía de Santa Fe. Según se informó, el lugar no reunía condiciones de vivienda: no tenía servicios básicos ni instalaciones permanentes, lo que confirmó su uso exclusivo para la venta de droga al menudeo.

El operativo se desarrolló sin incidentes y permitió inutilizar de forma definitiva el espacio, señalado por vecinos y vinculado a hechos de violencia reiterados en el barrio.

La fiscal Mercedes Banchio, de la Unidad de Microtráfico del MPA, explicó que el punto de venta fue identificado tras la detención de una persona con estupefacientes fraccionados para la comercialización. La causa demandó varios meses de seguimiento y derivó en allanamientos simultáneos, incluso en lugares de detención.

La investigación determinó que se trataba de una estructura organizada y detectó vínculos con la banda conocida como Los Menores, lo que agravó la calificación penal.

El secretario de Seguridad Pública, Omar Pereira, destacó que cada búnker desactivado impacta de manera directa en la reducción de la violencia. “No se trata solo de droga, sino de los hechos violentos que estos puntos generan en su entorno”, señaló.

La Ley de Microtráfico, vigente desde fines de 2023, permite a la provincia intervenir de manera directa en causas de narcomenudeo. Desde principios de 2024, esta herramienta posibilitó la desactivación de 101 puntos de venta en Santa Fe. La causa continúa en trámite, con imputados bajo proceso judicial y un sospechoso prófugo.