La Fiscalía Regional 2 coordinó más de 130 allanamientos que dejaron un saldo de 33 personas detenidas y decenas de objetivos secuestrados
Entre los arrestados figura un líder de la barra de Newell’s y miembros de dos organizaciones delictivas que operaban desde la cárcel y la calle.
Un operativo de gran envergadura, sin precedentes recientes en la región, fue desplegado este lunes en Rosario, Villa Gobernador Gálvez y otras localidades del sur santafesino, con el objetivo de desarticular bandas criminales vinculadas al narcotráfico y a hechos de violencia altamente lesiva.
Coordinado por el Fiscal Regional Matías Merlo, junto a los fiscales Pablo Socca, de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva, y Brenda Debiasi, del Equipo de Microtráfico, el procedimiento contó también con la participación del Ministerio de Seguridad de la Provincia y la Nación, la Policía de Investigaciones (PDI) y fuerzas federales.
El contexto: una escalada de violencia sin freno
Según explicó Merlo en conferencia de prensa, el despliegue fue resultado de una investigación que nació a partir del incremento de homicidios, balaceras y amenazas durante 2025. “A comparación del año anterior, los hechos de violencia se elevaron en un 50 a 70%, lo que motivó la conformación de un foco investigativo especial”, señaló.
A partir de ese diagnóstico, la fiscalía articuló 18 causas que tenían elementos en común: disputas por territorio, venta de estupefacientes y estructuras que operaban tanto desde barrios de alta vulnerabilidad como desde el interior de las cárceles.
Detenciones y estructuras criminales detectadas
El operativo dejó 33 personas detenidas, entre ellas Alejandro Daniel Vallejos, alias “Zapa”, señalado como uno de los principales referentes de la barra brava de Newell’s Old Boys. Además, se identificaron dos bandas criminales dominantes:
Una fracción vinculada a la “primera línea” de la banda Los Monos, con base en Villa Gobernador Gálvez y fuerte influencia en la estructura de la barra rojinegra. Según el fiscal Socca, estaría encabezada por Damián “Toro” Escobar y Nicolás “Pupito” Avalle.
La otra organización tendría como referente a Jerónimo “Jeringa” Bogado, quien opera desde el pabellón 8 de la cárcel de Piñero. Se investiga su presunta implicación en homicidios, amenazas extorsivas, abuso de armas y comercio de drogas.
Además, se confirmó que diez reclusos ya detenidos están directamente vinculados a los hechos, y otras 15 personas permanecen prófugas.
Intervenciones y evidencia secuestrada
Se realizaron más de 130 allanamientos simultáneos en Rosario y Villa Gobernador Gálvez y otros puntos estratégicos, además de en unidades penitenciarias como Piñero, Ezeiza y Marcos Paz. Durante los procedimientos se incautaron:
Armas de fuego
Sustancias estupefacientes
Dinero en efectivo
Celulares y material probatorio clave
Los fiscales confirmaron que las audiencias imputativas se realizarán en tres etapas, debido a que las bandas no necesariamente operaban de forma coordinada, e incluso podrían haber mantenido rivalidades internas.
Enfoque institucional y advertencia
Desde el Ministerio de Seguridad provincial, Omar Pereyra y Marcelo Albornoz remarcaron que la articulación entre provincia, Nación y justicia fue clave para lograr el éxito de la operación. “La preocupación por la relación entre barras bravas, crimen organizado y narcotráfico no es nueva, pero esta acción demuestra que se puede avanzar”, indicaron.
Por su parte, Eva Cainelli, directora de la PDI, destacó que varios de los detenidos ya estaban bajo seguimiento desde hacía meses, e incluso algunos tenían vínculos con esferas municipales de la zona.
Impacto en el fútbol y medidas preventivas
De cara al próximo partido que disputará Newell’s Old Boys como local, se anticiparon medidas especiales de seguridad. Si bien las fuerzas ya contemplaban el refuerzo habitual, se advirtió que estas detenciones podrían alterar el equilibrio interno de la barra, lo que obliga a un monitoreo más estricto.
Este golpe judicial y policial busca frenar una escalada de violencia que afecta de manera directa a barrios populares. Aunque la causa recién inicia su fase judicial, las autoridades confían en que este operativo representa un paso firme en la lucha contra el crimen organizado, siempre respetando el debido proceso y los derechos de las personas involucradas.
“La violencia no es casual: tiene estructura, líderes, financiamiento y territorio. Este operativo apunta justamente a cortar ese entramado”, expresó la fiscal Debiasi.
