En el allanamiento secuestraron más de un cuarto de kilo de drogas
En una audiencia realizada en el Centro de Justicia Penal de Rosario, el juez de primera instancia Dr. Vico Gimena homologó un procedimiento abreviado mediante el cual fueron condenadas cuatro personas por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
La causa, llevada adelante por el fiscal Dr. César Pierantoni, se remonta al 30 de agosto de 2024, cuando personal de la División de Microtráfico de la Policía de Investigaciones realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en Pineda al 6400, en el oeste de Rosario. Allí residían los imputados y se hallaron estupefacientes fraccionados, herramientas de corte y elementos relacionados con la venta minorista.
Los principales imputados, Ricardo Damián Zacaro (46) y Lucas Damián Franco (46), fueron condenados a 4 años y 6 meses de prisión efectiva, además de una multa económica, por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Por otro lado, María Laura Zacaro (43) y Daiana Soledad Ramírez (33) recibieron penas condicionales de 2 años de prisión, bajo estrictas reglas de conducta que incluyen: fijación de residencia, control por parte de la Agencia de Medidas No Privativas de la Libertad, abstención de consumir drogas o alcohol, no portar armas, y la realización de trabajos comunitarios no remunerados.
Durante el operativo, los agentes secuestraron:
266 gramos de clorhidrato de cocaína fraccionada en envoltorios individuales, 18 celulares, 4 balanzas de precisión, tijeras, precintos, recortes de bolsas de nylon y un bolso con insumos típicos del microtráfico.
El domicilio era señalado en una investigación por la presunta venta directa al consumidor final, un delito tipificado en la Ley 23.737.
El procedimiento concluyó con resultados concretos, tanto en lo judicial como en lo investigativo. El abordaje del microtráfico desde una lógica territorial sigue siendo una de las estrategias adoptadas para combatir la distribución de droga en Rosario. El fallo judicial busca, además de sancionar, establecer límites claros frente a este tipo de prácticas que afectan a comunidades enteras.
